Para empezar me parece mal que once criaturitas (dos de ellos suplentes) se enfrenten al marronazo de decidir si una persona es culpable o inocente, aunque luego sea la ley la que imponga las penas, y tampoco creo que la Justicia, colapsada y lenta, esté para protocolos como exige este tipo de justicia. Eso sin contar con el dinero, incluido lo que cuestan las dietas de los miembros del jurado (unos 1.300 euros).
El típico ejemplo que se pone en estos casos es que a nadie se le ocurriría poner a operar a una persona que tiene cero conocimientos de Medicina. Bueno, a decir verdad, lo mismo, lo mismo no es. La idea del jurado popular es que el sentido común decida y también lo de que la Justicia resida en el pueblo. La realidad es que conozco a pocos letrados, fiscales y jueces que les guste esta fórmula. De hecho, es casi residual en España.
No obstante, lo del jurado popular tiene mucho de experimento sociológico. Un Gran Hermano a lo judicial. Allí se junta un grupo de personas que no se ha visto en la vida para decidir sobre el futuro de un acusado. Casi nadie quiere ser (yo tampoco querría) y tras un sorteo llega a la última criba en la que las partes (abogados, fiscales y jueces) pueden recusar. Es aquí donde los candidatos si pudieran venderían a su madre al diablo. Las partes les tantean y ven si su perfil favorece a sus fines.
En los dos casos que presencié, los candidatos respondieron a preguntas sobre su opinión sobre la Justicia en España, sus conocimientos sobre el Derecho, sus relaciones con la Justicia, si tenían algún familiar que fuera abogado… Recuerdo a una mujer llorar desesperadamente ante la juez rogándole que no la seleccionaran por prescripción médica. No fue un buen trago, pero al menos no la eligieron.
(Subido por David Sánchez a YouTube)
Unas horas después arranca el juicio y pronto como en las buenas películas, los miembros del jurado asumen su rol: el líder, el puntilloso, el pasota, el interesado, el que sigue cagado… Me gusta la parte en la que los abogados y fiscales tratan de camelarse al jurado y les explican en plan colegas de barra de tapas lo que va a pasar y su postura. Tratan de convencerlos y por fin la Justicia baja al pueblo, es decir, por fin se entiende casi todo de lo que hablan. Les conviene.
Los fiscales siempre avisan de que aquello no tiene nada que ver con las películas americanas y que no habrá pruebas de última hora que den un vuelco al caso. El papel más complicado es el de los letrados que defienden. Tienen todas las de perder. Los más avispados recurren al sentimentalismo puro y duro, vamos, a tocarle la fibra sensible al jurado y les insisten en eso de que los sospechosos sin pruebas no pueden ser condenados. En los procedimientos con tribunales profesionales ni se les ocurriría acudir a esta vía porque los magistrados y fiscales suelen estar curados de espanto.
Estos jueces por unos días, a estas alturas casi íntimos (ya se sabe que los malos tragos unen), deliberan aislados y luego, el líder, con dos huevos, lee en voz alta y delante del acusado la resolución, que unos días más tarde el juez transformará en penas de cárcel o en una absolución.
Hubo tablas (una condena y una absolución) en los dos juicios que yo cubrí para el periódico. El caso de Fray Junípero Serra estaba más claro y el del Guardia Civil fue como un buen guión de una buena película de Hollywood, incluido la pareja del acusado llorando y fundiéndose en un abrazo a su hombre libre de cargos ya. Recuerdo al abogado Pedro Apalategui, conocido por el Caso de Rocío Wanninkhof, dándole la vuelta a todas las pruebas, incluidas las aparentemente más claras. No me gustaría verme en un marrón de este tipo, pero tengo claro a qué letrado recurriría en caso de que el pueblo me juzgara.
¿Es más justa está Justicia? Supongo que no, pero para qué vamos a engañarnos a los españoles nos chifla opinar, nominar y excluir ya sea en una sala de vistas o para decidir al mejor cantante o el mejor cocinero en un plató de televisión.
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